La comisión que
aprueba los transgénicos está en manos de investigadores vinculados a las
empresas
De ambos lados del mostrador
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas
está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines.
Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se
conocieron luego de 26 años de secreto.
Por Darío Aranda
Imagen: DyN
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de
Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología
(Conabia), espacio clave en la aprobación de
transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de
organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y
venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer,
Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras.
También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con
conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas
multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son
secretos.
Los integrantes de la Conabia
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos
Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81
días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría
radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los
“científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el
listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes
confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El
dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida
en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el
título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión
entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya
tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa
exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de
brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas
y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana
Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen
todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus
de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas
Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro
Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de
lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia
Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba
(Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la
organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba
es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de
Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace
poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos
transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui
(Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear),
Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes
ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de
Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex
Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y
máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las
mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow
Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de
San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que
el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de
agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e
indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que
funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y
homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente
modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La
investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se
trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las
grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con
pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las
grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo
Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber,
Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de
intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras
empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus
semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos
estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la
ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos
que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes
irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede
deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la
soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la
evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue
evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se
siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja
“Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado
su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz,
algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los
transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad
civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y
papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow,
Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la
Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”. TOMADO DE PAGINA 12 DE AR
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