ambientalistas
denuncian un proyecto para blanquear irregularidades
Una ley con cambios ilegales
La Legislatura porteña aprobó cambios en la ley de
Evaluación del Impacto Ambiental que, según opositores y vecinos, blanquean
actividades y obras irregulares o fuera de lo normado por los permisos
ambientales vigentes. Y plantean la inconstitucionalidad.
Por Nicolás Romero
“Con la nueva ley, los vecinos no podrán quejarse de los
efectos del Monumental”, plantea Baldiviezo.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que las
modificaciones a la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que aprobó la
Legislatura el jueves pasado, es un blanqueo para las actividades y obras
preexistentes al 10 de diciembre de 1998, que estaban en situación de
ilegalidad en relación con los permisos ambientales, ya que debían someterse a
audiencias públicas cada cuatro años, y ahora no deberán hacerlo. Como
consecuencia, la ciudadanía dejará de tener voz para opinar sobre los impactos
que sufren a causa de dichas actividades. Otro de los cambios apunta a salvar a
emprendimientos que estaban en la ilegalidad por ser categorizados como de
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto. Para entrar en esa categoría ahora
deben ocupar más del 50 por ciento de la manzana (antes alcanzaba con que
superaran los 2500 metros cuadrados).
El titular a la ONG y abogado ambientalista, Jonatan
Baldiviezo, explicó que “en los casos en que aplicaba la norma, como estadios o
shopping, se debía convocar a audiencias públicas para evaluar la actividad, y
aunque el gobierno ya incumplía la ley, ahora lo que hacen es legalizar una
práctica ilegal”, y señaló, además, que la aprobación “violó el procedimiento
de doble lectura, como exige la Constitución porteña”.
El proyecto, aprobado con 45 votos afirmativos, 5 negativos
y 6 abstenciones, fue presentado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez
Larreta, para modificar la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, que
es el instrumento que se aplica a todos los emprendimientos inmobiliarios para
evaluar acciones que permitan mitigar los efectos de dichos desarrollos.
Una de las modgoificaciones exceptúa de la obligación de
celebrar audiencia pública, que es la instancia de participación ciudadana, a
todas aquellas actividades preexistentes al momento de entrada en vigencia de
la ley, diciembre del ‘98, con el argumento de que dicha instancia tenía
sentido para que los vecinos se expresaran de manera previa al inicio de la
actividad, proyecto y/o emprendimiento.
Para Baldiviezo, el fundamento hace agua, y como ejemplo
explicó que “el estadio de River es un emblema de cómo puede cambiar una
situación. Cuando se construyó, no había viviendas en los alrededores y tenía
un impacto distinto al que tuvo con el correr de los años, y con la nueva ley
los vecinos no van a poder manifestar los impactos que están viviendo”, dijo y
siguió “se trata de pensar con la comunidad cómo disminuir los impactos
negativos”.
Para entender el contexto: en la ciudad, las obras mayores a
2500 metros cuadrados, un cuarto de manzana, que debían contar con una
normativa de excepción otorgada por la Legislatura, nunca pasaban por las
evaluaciones ambientales con audiencia pública porque el gobierno permitía el
incumplimiento, pero se empezaron a judicializar muchos casos. El Palacio
Roccatagliata, frenado por la Justicia, es un ejemplo típico. Con la nueva
norma, la fracción automática oficialista de la Justicia podría declarar
abstractas muchas causas en curso.
Si bien la norma incorporó la Evaluación Ambiental
Estratégica que fija alguna instancia de participación, para Baldiviezo “es una
formulación vaga, sin especificar, que no se estableció como obligatoria para
los privados sino que es discrecional y que, además, debiera ser pensada junto
con la Evaluación Ambiental Acumulativa, que se negaron a incorporar”.
“La Estratégica evalúa en función de la planificación
integral de la ciudad, y la acumulativa hace una evaluación de la suma de
efectos. No es lo mismo habilitar una torre que cincuenta, o algunos comercios
que cientos”, remarcó el ambientalista, para quien la Legislatura “está
blanqueando las ilegalidades del sector inmobiliario”. // tomado de pagina 12
de ar
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