El Gobierno nacional invirtió más de 1.500 millones de
dólares en grandes obras en la región del trópico de Cochabamba, mientras que
sólo se destinaron 35 millones de dólares en obras medianas para los Yungas de
La Paz.
Los Yungas paceños están movilizados contra la erradicación
de coca en La Asunta y exigiendo la liberación del dirigente de la Asociación
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez. Empero,
también denunciaron que hay un trato “diferenciado” con la otra zona cocalera:
el trópico de Cochabamba, cuna política del presidente Evo Morales.
Sólo la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, una de las
grandes obras construidas por el Gobierno en la zona del trópico de Cochabamba,
costó 953 millones de dólares, mientras el aeropuerto Soberanía de Chimoré tuvo
una inversión de casi 35 millones de dólares. También se construyó la
termoeléctrica de Entre Ríos por más de 370 millones de dólares, además de
hospitales, hidroeléctricas, estadios y otras obras (ver infografía). Sin
contar las obras viales ni proyectos pequeños, las inversiones en el trópico
suman más de 1.500 millones de dólares.
En tanto, la inversión más grande en los Yungas fue el
hospital de Coripata, con un costo superior a los 100 millones de bolivianos
(unos 15 millones de dólares), además de las plantas de cítricos en Caranavi,
por 12 millones de bolivianos y la planta de liofilización en Palos Blancos,
que costó 43 millones de bolivianos. Sumando otras inversiones para hospitales,
estadios y unidades educativas, las inversiones no pasan de 250 millones de bolivianos.
Estos datos no incluyen inversiones en carreteras o proyectos pequeños.
Para el dirigente Franco Coari, de Coripata, el Gobierno
construyó hasta cinco estadios en el trópico, pero ni uno solo en los Yungas.
“¿Qué región aportó más jugadores al fútbol nacional?”, cuestionó en contacto
con radio FM Bolivia.
Productores de coca denunciaron que el Gobierno tiene
privilegios en las obras y sobre todo en la erradicación de coca en desmedro de
los Yungas.
Sin embargo, ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero,
aseguró que la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el país es una
política de Estado que no discrimina fronteras ideológicas. “No hay preferencia
en favor de unos y discriminación en desmedro de otros”. “La política de Estado
es transversal, que se aplica de manera objetiva, categórica”, dijo.
AGUILAR: EL AÑO ESCOLAR CORRE RIESGO
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, advirtió ayer que
los niños de La Asunta (Sud Yungas), que no están pasando clases por el
conflicto por la erradicación, corren el riesgo de perder el año escolar si esa
situación persiste.
Debido al conflicto en La Asunta, los padres de familia
determinaron ya no enviar a sus hijos a clases. Incluso varias madres decidieron
emprender la marcha a La Paz junto a sus niños, con el argumento de que no hay
garantías en su región.
“Si sumando los días de suspensión no nos alcanza hasta el
23 de diciembre, para cubrir los 200 días, esos niños no van a poder pasar de
curso”, explicó.
YUNGAS ANUNCIA HUELGA Y BLOQUEOS DESDE EL LUNES
Los productores de coca y sindicatos campesinos de los
Yungas de La Paz determinaron realizar un bloqueo de caminos desde el lunes
ante el incumplimiento del Gobierno a su pliego petitorio, que incluye la
liberación del dirigente Franklin Gutiérrez y la paralización de la
erradicación de la coca en La Asunta.
El dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los
Yungas (Cofecay), Tito Flores, explicó que los cocaleros radicalizarán sus medidas
de presión, ya que el Gobierno “tenía plazo hasta ayer para atender nuestro
pliego petitorio, pero lamentablemente no nos hizo caso, (por tanto) se ha
determinado llevar adelante otras medidas de presión más contundentes”, dijo.
Además, entrarán en una huelga de hambre, en compañía de las
mujeres. No descartaron un cerco a la ciudad de La Paz, aunque por ahora no
está en su plan de movilizaciones.
En tanto, el viceministro de Régimen Interior, José Luis
Quiroga, advirtió que si los productores de coca bloquean caminos, la Policía
tendrá que intervenir para precautelar el derecho a la movilidad de la
población. // TOMADO DE LOS TIEMPOS DE BOLIVIA
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