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fotografía del sur de Concordia ER Argentina , autor luis pedro mujica

sábado, 24 de septiembre de 2016

ARGENTINA LEJOS DE LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 ES POSIBLE ALCANZAR LAS METAS DE LOS ODS EN LA ARGENTINA 2030? Descargue aquí el  informe extenso de Argentina 2016 en español en formato pdf.
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)*
I. Introducción
Este informe sintetiza un conjunto de análisis que, en el actual contexto argentino, dan cuenta de las posibilidades y dificultades que existen para implementar políticas que tengan como horizonte de futuro alcanzar las metas definidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, se aborda un conjunto seleccionado de ODS orientados al cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en el contexto normativo e institucional argentino, también se relacionan con el cumplimiento de obligaciones generales y específicas del derecho internacional de los derechos humanos.
En 1984, la Argentina ratificó diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, que establecen de qué manera los Estados deben respetar, proteger, garantizar y promover los derechos económicos sociales y culturales. En 1994, la reforma constitucional les otorgó a los tratados internacionales jerarquía constitucional, por lo tanto, aquella idea de marcos de actuación se transformó en una herramienta ineludible para la definición de políticas públicas en materia de DESC. En los últimos 10 años, la Argentina también se comprometió a nivel internacional con otros tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención para la protección de todas las personas con discapacidad.
La aprobación de la Agenda por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas coincidió con un cambio de gobierno en la Argentina que supuso un giro respecto de lineamientos de política pública que se habían sostenido como salida a la grave crisis social, económica, institucional y política de 2001 y 2002. Esta coyuntura agrega cierto grado de incertidumbre en el análisis. Por eso, conviene señalar que los escenarios que se plantean se construyeron a partir del análisis de las medidas y políticas que ya se venían implementando en la Argentina, sobre todo desde 2003 hasta 2015 y que forman parte de los indicadores de base para evaluar otras medidas anunciadas y puestas en marcha por el gobierno de la alianza Cambiemos en el primer semestre de gestión. De esta manera, no obstante el escaso tiempo transcurrido desde el cambio de gobierno, es posible presentar algunos datos sobre la orientación de las políticas públicas que tendrán impacto sobre el cumplimiento de metas de las OSD.
En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido un cambio de rumbo en el modelo socioeconómico de desarrollo impulsado desde el gobierno nacional. Este cambio podría caracterizarse, en términos muy genéricos, como el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución del ingreso a través de la percepción de impuestos a la exportación de productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la exportación de productos agrícolas.
Esto se ha cristalizado en la gestión de gobierno a través un conjunto de medidas que podrían agruparse en seis grandes ejes:
- ajuste del gasto público, a través de despidos masivos en el sector público.
- una reducción de las capacidades de intervención del Estado en la economía,
- falta de intervención en el mercado de trabajo privado ante la presencia de despidos que alcanzaron a diversos sectores de la economía
- una política de re endeudamiento externo y apertura de las importaciones con posibles efectos negativos sobre la producción nacional
- búsqueda de una mayor competitividad por vía de la reducción del salario de hecho
- políticas tributarias regresivas, que produjeron una importante transferencia de ingresos al sector empresarial más concentrado de la economía.
Por estas razones, resulta más que relevante y urgente prestar una especial atención a la relación que existe entre el desarrollo de medidas de política económica o programas de desarrollo y el cumplimiento de las metas de los ODS hacia 2030, de acuerdo -sobre todo- a las obligaciones internacionales que el Estado argentino asumió en materia de protección de DESC.
1. ODS 1 y 2: fin de la pobreza y “hambre cero”
A inicios de 2003 el 54% de la población del país no contaba con los recursos necesarios para cubrir los gastos básicos de sus hogares y un 28%, para cubrir los mínimos alimentarios. En 2010, según datos oficiales, estos porcentajes mostraban una importante reducción: un 12% se encontraba por debajo de la línea de pobreza mientras que un 3% estaba por debajo de la línea de indigencia. A pesar de un extendido acuerdo respecto a la tendencia hacia la disminución de la pobreza, hace varios años existe una fuerte controversia sobre los niveles de esa reducción y la real extensión del problema en la sociedad argentina. La escasa credibilidad de los datos proporcionados por la agencia estatal de estadística (INDEC), intervenida por el Poder Ejecutivo en 2007, puso en duda toda la información del gobierno nacional sobre indicadores en materia de pobreza. Por lo tanto, es necesario desarrollar en primer lugar un mecanismo fiable y válido para la medición de los niveles de pobreza e indigencia, algo a lo que el actual gobierno se comprometió pero aún no implementó.
En términos de medidas específicas, resulta relevante destacar el diseño e implementación de distintos programas de transferencia de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, que se implementaron a partir de 2009. En 2015 se aprobó por ley un sistema de actualización automática semestral de los montos de esas transferencias, que había sido reclamado por diversos sectores debido a la licuación de los montos recibidos como consecuencia de los niveles de inflación persistentes en la economía argentina.
Los altos índices de inflación persisten en la Argentina desde 2012 y se mantienen. En el primer semestre de 2016 la inflación se ha ubicado en el orden del 30 % al 35 % anual. Los mecanismos de control de precios implementados desde 2013 hasta 2015 sirvieron como medida paliativa para contener aumentos desmedidos en productos básicos de la canasta de alimentos. Sin embargo, un gran desafío pendiente es la puesta en marcha de mecanismos efectivos de regulación de precios sobre todo el circuito de producción alimenticia. La nueva administración presentó como alternativa al sistema de “control de precios” un mecanismo de monitoreo en los supermercados a través de internet: el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios (SEPA) que transfirió la responsabilidad del control de precios del Estado a los consumidores.
2. ODS 3 y 4: salud y bienestar y educación de calidad
La inclusión en el sistema de la seguridad social (sistema de jubilaciones) de más de un millón de personas que estaban excluidas porque habían tenido trayectorias laborales intermitentes o precarias y el aumento del trabajo registrado mejoraron los mecanismos de cobertura de salud. Asimismo, algunas políticas específicas han mejorado el sistema público de salud. Entre ellas, el Plan Nacer/Sumar, que permitió garantizar servicios de maternidad e infancia para quienes no tuvieran otra cobertura, el Programa Remediar, de provisión gratuita de remedios, y la ley de medicamentos genéricos. Sin embargo, las profundas diferencias entre jurisdicciones en lo que se refiere al acceso y la calidad del sistema público de salud, acentuadas por la descentralización de los servicios de salud realizada en la década del 90, no fueron revertidas en los últimos años. A su vez, la falta de discusión sobre la legalización del aborto, como instrumento para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y la vigencia de los derechos de las mujeres, es una cuestión pendiente y urgente de la Argentina para cumplir con la ODS 3.
En relación a la educación, la ley de educación nacional, sancionada en 2006, ha llevado el presupuesto al 6% del PBI, la mayor participación de la historia. Asimismo, se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria (desde los 13 a los 17 años); la universalización de los servicios educativos para los niños y las niñas de 3 años y la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario (de los 6 a los 12 años). Sin embargo, existen aún importantes desafíos: altos niveles de repitencia, de sobreedad y de deserción escolar en la escuela secundaria y una marcada disparidad de acceso y de calidad entre escuelas y entre las jurisdicciones, que se verifica en la diferencia en la cantidad de días y horas de clase, en los presupuestos provinciales, en la infraestructura y en los sueldos docentes. Según datos de 2010, un 17% de los adolescentes no estaba escolarizado. Asimismo, mientras que en los sectores de mayores ingresos dicha problemática afectaba al 5% de los adolescentes, entre los sectores de menores ingresos este número ascendía al 63%. También los déficits de escolarización se elevan en el caso de jóvenes de zonas rurales y/o de pueblos originarios.
3. ODS 6 y 7: agua limpia y saneamiento y energía asequible y no contaminante
Entre 2003 y 2015, el Estado retomó el protagonismo en la prestación de los servicios públicos, que habían sido privatizados en los 90, y sostuvo una  política de subsidios a los servicios de agua, de electricidad y de gas, que mantuvo las tarifas a niveles muy accesibles. Esta política tenía serias deficiencias en su aplicación, ya que no tenía en cuenta necesidades sociales, impactos ambientales y comerciales diferenciales. Al mismo tiempo, la falta de inversiones en la infraestructura de distribución hizo que hubiera importantes dificultades que causaron en diferentes momentos cortes de servicio.
El actual gobierno nacional redujo drásticamente los subsidios con el argumento de que eran insostenibles para su criterio de eficiencia económica. Esto ocasionó que, para una importante cantidad de los hogares, comercios e industrias las tarifas se multiplicaran entre 4 y 7 veces, provocando un fuerte impacto en las economías familiares, en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y en las actividades que desarrollan las organizaciones sociales. Según un informe realizado por una de las principales centrales sindicales del país, el poder adquisitivo del salario sufrió una caída del 12% entre noviembre de 2015, y marzo de 2016, y las ventas en los comercios minoristas sufrieron una fuerte contracción: las últimas cifras, del mes de abril, reflejan una contracción interanual del 6,6%1.
4. ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico
A partir de 2003 el país transitó un proceso de fuerte crecimiento económico que se atenuó a partir de 2009. Esto se reflejó en un aumento de los niveles de empleo privado registrado: según datos oficiales, entre 2003 y 2014 se crearon más de 2.6 millones de empleos registrados en el sector privado2 y la tasa de desempleo se redujo a alrededor del 6%. Sin embargo, si bien se han aprobado legislaciones específicas para sectores particularmente afectados por la precariedad, como el empleo doméstico y el empleo rural, las tasas de informalidad se mantuvieron por encima del 30%.
El nuevo gobierno avanzó con una política de despidos masivos de trabajadores del sector público, algunos incluso con muchos años de antigüedad en el Estado: el Ministerio de Modernización informó que hasta mayo se habían llevado a cabo cerca de 11.000 despidos del sector público, lo que representaba un ahorro cercano a los 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial. Cabe destacar que esto fue posible debido a las condiciones de contratación precaria en las que se encontraban los trabajadores. En el sector privado, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 se perdieron más de 118.000 puestos de trabajo. Entre los sectores más afectados se destaca el de la construcción, principalmente debido a la paralización de las obras financiadas por el Estado: en los primeros cuatro meses del actual gobierno, el nivel de actividad sufrió una caída del 22,7%3.
5. ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles
En los últimos 12 años existió un importante esfuerzo del gobierno nacional para fortalecer a la planificación como instrumento de política pública para la gestión del territorio. Sin embargo, su implementación fue muy deficitaria. Los programas y normas provinciales de ordenamiento territorial se encuentran desactualizados y en general son inapropiados para conducir procesos socio territoriales complejos. Como contracara de esta tendencia, cabe destacar la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires4, que establece principios y reconoce instrumentos que buscan modificar las históricas dinámicas urbanas y del mercado del suelo que reproducen la exclusión de amplios sectores medios y pobres. Asimismo, han surgido iniciativas colectivas y populares como el Consenso Nacional por un Hábitat Digno5 que plantea ejes de política pública indispensables para alcanzar un hábitat digno, en el marco de un programa de desarrollo justo y de fortalecimiento de la intervención del Estado en la construcción del territorio.
Entre las principales medidas del nuevo gobierno nacional en materia habitacional se destaca el particular énfasis puesto en el crédito hipotecario, como una de las herramientas preferidas del mercado inmobiliario. Para ello, el Banco Central de la República Argentina creó recientemente el instrumento financiero “Unidad de vivienda” (UVI´S)6, con la intención de sortear las restricciones inflacionarias de los créditos hipotecarios tradicionales. Sin embargo, su implementación hasta el momento ha sido muy escasa debido a los altos niveles de inflación que persisten. Asimismo, resulta preocupante la suspensión de obras de viviendas en marcha como resultado del ajuste estructural del sector público.
II. ¿Es posible alcanzar las metas de los ODS en la Argentina de 2030?
La Agenda 2030 se plantea como una guía para el diseño y puesta en marcha de procesos y programas de desarrollo durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados miembros se comprometieron a movilizar los medios oportunos para su implementación con un claro sentido político: preservar los bienes comunes y el ambiente y beneficiar a la población más pobre y vulnerada.
Durante poco más de una década se habían logrado mejorar de manera sustantiva las condiciones de vida de importantes sectores de la sociedad. Algunas políticas debían ser profundizadas para ampliar la capacidad de protección social y el nivel de bienestar de la población. Otras requerían ajustes significativos.
El análisis indica que en este momento el camino trazado por el actual gobierno no va en la dirección de afinar y profundizar esas políticas sino en el sentido de revertirlas. La orientación de las actuales políticas y programas públicos sigue un claro alineamiento con los intereses de los sectores de mayor poder político y económico por encima de consideraciones en materia social, ambiental o institucional. Esta vulneración de diferentes derechos económicos y sociales, ocurrida en un muy corto plazo, está generando un paulatino y creciente rechazo por parte de distintos sectores sociales.
Notas:
* El presente informe fue responsabilidad de Valeria Chorny, Bárbara García y Vilma Paura por FOCO y de Luna Miguens, Leandro Vera Belli, Santiago Sánchez, Carlos Píngaro Lefevre y Eduardo Reese por el CELS.
1 Centro CIFRA, Informe de Coyuntura 19 (mayo 2016). Ver:http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf
2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ver:http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp
3 Centro CIFRA, Informe de Coyuntura 19 (mayo 2016). Ver:http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf
4 La Ley de Acceso Justo al Hábitat 14.449 fue aprobada en la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 2012 (http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14449.html).
5 El Consenso Nacional por un Hábitat Digno fue elaborado en 2014 por el Colectivo Multisectorial Habitar Argentina (http://www.consensohabitar.org.ar/).
6 Se trata de una unidad de medida que se actualiza diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor.

Tomado de social watch – enviado por red foroba 

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