ES POSIBLE
ALCANZAR LAS METAS DE LOS ODS EN LA ARGENTINA 2030? Descargue aquí el informe extenso de Argentina 2016 en español en
formato pdf.
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los
Derechos Humanos (FOCO)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)*
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)*
I. Introducción
Este informe sintetiza un conjunto de análisis que, en el
actual contexto argentino, dan cuenta de las posibilidades y dificultades que
existen para implementar políticas que tengan como horizonte de futuro alcanzar
las metas definidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, se aborda un
conjunto seleccionado de ODS orientados al cumplimiento de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que, en el contexto normativo e institucional
argentino, también se relacionan con el cumplimiento de obligaciones generales
y específicas del derecho internacional de los derechos humanos.
En 1984, la Argentina ratificó diversos tratados
internacionales sobre derechos humanos, que establecen de qué manera los
Estados deben respetar, proteger, garantizar y promover los derechos económicos
sociales y culturales. En 1994, la reforma constitucional les otorgó a los
tratados internacionales jerarquía constitucional, por lo tanto, aquella idea de
marcos de actuación se transformó en una herramienta ineludible para la
definición de políticas públicas en materia de DESC. En los últimos 10 años, la
Argentina también se comprometió a nivel internacional con otros tratados
internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención para la
protección de todas las personas con discapacidad.
La aprobación de la Agenda por parte de la Asamblea General
de Naciones Unidas coincidió con un cambio de gobierno en la Argentina que
supuso un giro respecto de lineamientos de política pública que se habían
sostenido como salida a la grave crisis social, económica, institucional y
política de 2001 y 2002. Esta coyuntura agrega cierto grado de incertidumbre en
el análisis. Por eso, conviene señalar que los escenarios que se plantean se
construyeron a partir del análisis de las medidas y políticas que ya se venían
implementando en la Argentina, sobre todo desde 2003 hasta 2015 y que forman
parte de los indicadores de base para evaluar otras medidas anunciadas y
puestas en marcha por el gobierno de la alianza Cambiemos en el primer semestre
de gestión. De esta manera, no obstante el escaso tiempo transcurrido desde el
cambio de gobierno, es posible presentar algunos datos sobre la orientación de
las políticas públicas que tendrán impacto sobre el cumplimiento de metas de
las OSD.
En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido
un cambio de rumbo en el modelo socioeconómico de desarrollo impulsado desde el
gobierno nacional. Este cambio podría caracterizarse, en términos muy
genéricos, como el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el
fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación
de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución
del ingreso a través de la percepción de impuestos a la exportación de
productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo
económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva
en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el
funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la
exportación de productos agrícolas.
Esto se ha cristalizado en la gestión de gobierno a través
un conjunto de medidas que podrían agruparse en seis grandes ejes:
- ajuste del gasto público, a través de despidos masivos en
el sector público.
- una reducción de las capacidades de intervención del Estado en la economía,
- falta de intervención en el mercado de trabajo privado ante la presencia de despidos que alcanzaron a diversos sectores de la economía
- una política de re endeudamiento externo y apertura de las importaciones con posibles efectos negativos sobre la producción nacional
- búsqueda de una mayor competitividad por vía de la reducción del salario de hecho
- políticas tributarias regresivas, que produjeron una importante transferencia de ingresos al sector empresarial más concentrado de la economía.
- una reducción de las capacidades de intervención del Estado en la economía,
- falta de intervención en el mercado de trabajo privado ante la presencia de despidos que alcanzaron a diversos sectores de la economía
- una política de re endeudamiento externo y apertura de las importaciones con posibles efectos negativos sobre la producción nacional
- búsqueda de una mayor competitividad por vía de la reducción del salario de hecho
- políticas tributarias regresivas, que produjeron una importante transferencia de ingresos al sector empresarial más concentrado de la economía.
Por estas razones, resulta más que relevante y urgente
prestar una especial atención a la relación que existe entre el desarrollo de
medidas de política económica o programas de desarrollo y el cumplimiento de
las metas de los ODS hacia 2030, de acuerdo -sobre todo- a las obligaciones
internacionales que el Estado argentino asumió en materia de protección de
DESC.
1. ODS 1 y 2: fin de la pobreza y “hambre cero”
A inicios de 2003 el 54% de la población del país no contaba
con los recursos necesarios para cubrir los gastos básicos de sus hogares y un
28%, para cubrir los mínimos alimentarios. En 2010, según datos oficiales,
estos porcentajes mostraban una importante reducción: un 12% se encontraba por
debajo de la línea de pobreza mientras que un 3% estaba por debajo de la línea
de indigencia. A pesar de un extendido acuerdo respecto a la tendencia hacia la
disminución de la pobreza, hace varios años existe una fuerte controversia
sobre los niveles de esa reducción y la real extensión del problema en la
sociedad argentina. La escasa credibilidad de los datos proporcionados por la
agencia estatal de estadística (INDEC), intervenida por el Poder Ejecutivo en
2007, puso en duda toda la información del gobierno nacional sobre indicadores
en materia de pobreza. Por lo tanto, es necesario desarrollar en primer lugar
un mecanismo fiable y válido para la medición de los niveles de pobreza e
indigencia, algo a lo que el actual gobierno se comprometió pero aún no
implementó.
En términos de medidas específicas, resulta relevante
destacar el diseño e implementación de distintos programas de transferencia de
ingresos, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por
Embarazo, que se implementaron a partir de 2009. En 2015 se aprobó por ley un
sistema de actualización automática semestral de los montos de esas
transferencias, que había sido reclamado por diversos sectores debido a la
licuación de los montos recibidos como consecuencia de los niveles de inflación
persistentes en la economía argentina.
Los altos índices de inflación persisten en la Argentina
desde 2012 y se mantienen. En el primer semestre de 2016 la inflación se ha
ubicado en el orden del 30 % al 35 % anual. Los mecanismos de control de
precios implementados desde 2013 hasta 2015 sirvieron como medida paliativa
para contener aumentos desmedidos en productos básicos de la canasta de alimentos.
Sin embargo, un gran desafío pendiente es la puesta en marcha de mecanismos
efectivos de regulación de precios sobre todo el circuito de producción
alimenticia. La nueva administración presentó como alternativa al sistema de
“control de precios” un mecanismo de monitoreo en los supermercados a través de
internet: el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios (SEPA) que transfirió
la responsabilidad del control de precios del Estado a los consumidores.
2. ODS 3 y 4: salud y bienestar y educación de calidad
La inclusión en el sistema de la seguridad social (sistema
de jubilaciones) de más de un millón de personas que estaban excluidas porque
habían tenido trayectorias laborales intermitentes o precarias y el aumento del
trabajo registrado mejoraron los mecanismos de cobertura de salud. Asimismo,
algunas políticas específicas han mejorado el sistema público de salud. Entre
ellas, el Plan Nacer/Sumar, que permitió garantizar servicios de maternidad e
infancia para quienes no tuvieran otra cobertura, el Programa Remediar, de
provisión gratuita de remedios, y la ley de medicamentos genéricos. Sin
embargo, las profundas diferencias entre jurisdicciones en lo que se refiere al
acceso y la calidad del sistema público de salud, acentuadas por la descentralización
de los servicios de salud realizada en la década del 90, no fueron revertidas
en los últimos años. A su vez, la falta de discusión sobre la legalización del
aborto, como instrumento para la reducción de la morbilidad y mortalidad
materna y la vigencia de los derechos de las mujeres, es una cuestión pendiente
y urgente de la Argentina para cumplir con la ODS 3.
En relación a la educación, la ley de educación nacional,
sancionada en 2006, ha llevado el presupuesto al 6% del PBI, la mayor
participación de la historia. Asimismo, se estableció la obligatoriedad de la
educación secundaria (desde los 13 a los 17 años); la universalización de los
servicios educativos para los niños y las niñas de 3 años y la ampliación de la
jornada escolar en el nivel primario (de los 6 a los 12 años). Sin embargo,
existen aún importantes desafíos: altos niveles de repitencia, de sobreedad y
de deserción escolar en la escuela secundaria y una marcada disparidad de
acceso y de calidad entre escuelas y entre las jurisdicciones, que se verifica
en la diferencia en la cantidad de días y horas de clase, en los presupuestos
provinciales, en la infraestructura y en los sueldos docentes. Según datos de
2010, un 17% de los adolescentes no estaba escolarizado. Asimismo, mientras que
en los sectores de mayores ingresos dicha problemática afectaba al 5% de los
adolescentes, entre los sectores de menores ingresos este número ascendía al
63%. También los déficits de escolarización se elevan en el caso de jóvenes de
zonas rurales y/o de pueblos originarios.
3. ODS 6 y 7: agua limpia y saneamiento y energía
asequible y no contaminante
Entre 2003 y 2015, el Estado retomó el protagonismo en la
prestación de los servicios públicos, que habían sido privatizados en los 90, y
sostuvo una política de subsidios a los servicios de agua, de
electricidad y de gas, que mantuvo las tarifas a niveles muy accesibles. Esta
política tenía serias deficiencias en su aplicación, ya que no tenía en cuenta
necesidades sociales, impactos ambientales y comerciales diferenciales. Al
mismo tiempo, la falta de inversiones en la infraestructura de distribución hizo
que hubiera importantes dificultades que causaron en diferentes momentos cortes
de servicio.
El actual gobierno nacional redujo drásticamente los
subsidios con el argumento de que eran insostenibles para su criterio de
eficiencia económica. Esto ocasionó que, para una importante cantidad de los
hogares, comercios e industrias las tarifas se multiplicaran entre 4 y 7 veces,
provocando un fuerte impacto en las economías familiares, en el funcionamiento
de las pequeñas y medianas empresas y en las actividades que desarrollan las
organizaciones sociales. Según un informe realizado por una de las principales
centrales sindicales del país, el poder adquisitivo del salario sufrió una
caída del 12% entre noviembre de 2015, y marzo de 2016, y las ventas en los comercios
minoristas sufrieron una fuerte contracción: las últimas cifras, del mes de
abril, reflejan una contracción interanual del 6,6%1.
4. ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico
A partir de 2003 el país transitó un proceso de fuerte
crecimiento económico que se atenuó a partir de 2009. Esto se reflejó en un
aumento de los niveles de empleo privado registrado: según datos oficiales,
entre 2003 y 2014 se crearon más de 2.6 millones de empleos registrados en el
sector privado2 y la tasa de desempleo se redujo a
alrededor del 6%. Sin embargo, si bien se han aprobado legislaciones
específicas para sectores particularmente afectados por la precariedad, como el
empleo doméstico y el empleo rural, las tasas de informalidad se mantuvieron
por encima del 30%.
El nuevo gobierno avanzó con una política de despidos
masivos de trabajadores del sector público, algunos incluso con muchos años de
antigüedad en el Estado: el Ministerio de Modernización informó que hasta mayo
se habían llevado a cabo cerca de 11.000 despidos del sector público, lo que
representaba un ahorro cercano a los 2800 millones de pesos anuales en el gasto
salarial. Cabe destacar que esto fue posible debido a las condiciones de
contratación precaria en las que se encontraban los trabajadores. En el sector
privado, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de
2015 y mayo de 2016 se perdieron más de 118.000 puestos de trabajo. Entre los
sectores más afectados se destaca el de la construcción, principalmente debido
a la paralización de las obras financiadas por el Estado: en los primeros
cuatro meses del actual gobierno, el nivel de actividad sufrió una caída del
22,7%3.
5. ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles
En los últimos 12 años existió un importante esfuerzo del
gobierno nacional para fortalecer a la planificación como instrumento de
política pública para la gestión del territorio. Sin embargo, su implementación
fue muy deficitaria. Los programas y normas provinciales de ordenamiento
territorial se encuentran desactualizados y en general son inapropiados para
conducir procesos socio territoriales complejos. Como contracara de esta
tendencia, cabe destacar la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de
la provincia de Buenos Aires4, que establece principios y reconoce
instrumentos que buscan modificar las históricas dinámicas urbanas y del
mercado del suelo que reproducen la exclusión de amplios sectores medios y
pobres. Asimismo, han surgido iniciativas colectivas y populares como el
Consenso Nacional por un Hábitat Digno5 que plantea ejes de política pública
indispensables para alcanzar un hábitat digno, en el marco de un programa de
desarrollo justo y de fortalecimiento de la intervención del Estado en la
construcción del territorio.
Entre las principales medidas del nuevo gobierno nacional en
materia habitacional se destaca el particular énfasis puesto en el crédito
hipotecario, como una de las herramientas preferidas del mercado inmobiliario.
Para ello, el Banco Central de la República Argentina creó recientemente el instrumento
financiero “Unidad de vivienda” (UVI´S)6, con la intención de sortear las
restricciones inflacionarias de los créditos hipotecarios tradicionales. Sin
embargo, su implementación hasta el momento ha sido muy escasa debido a los
altos niveles de inflación que persisten. Asimismo, resulta preocupante la
suspensión de obras de viviendas en marcha como resultado del ajuste
estructural del sector público.
II. ¿Es posible alcanzar las metas de los ODS en la
Argentina de 2030?
La Agenda 2030 se plantea como una guía para el diseño y
puesta en marcha de procesos y programas de desarrollo durante los próximos 15
años. Al adoptarla, los Estados miembros se comprometieron a movilizar los
medios oportunos para su implementación con un claro sentido político:
preservar los bienes comunes y el ambiente y beneficiar a la población más
pobre y vulnerada.
Durante poco más de una década se habían logrado mejorar de
manera sustantiva las condiciones de vida de importantes sectores de la
sociedad. Algunas políticas debían ser profundizadas para ampliar la capacidad
de protección social y el nivel de bienestar de la población. Otras requerían
ajustes significativos.
El análisis indica que en este momento el camino trazado por
el actual gobierno no va en la dirección de afinar y profundizar esas políticas
sino en el sentido de revertirlas. La orientación de las actuales políticas y
programas públicos sigue un claro alineamiento con los intereses de los sectores
de mayor poder político y económico por encima de consideraciones en materia
social, ambiental o institucional. Esta vulneración de diferentes derechos
económicos y sociales, ocurrida en un muy corto plazo, está generando un
paulatino y creciente rechazo por parte de distintos sectores sociales.
Notas:
* El presente informe fue responsabilidad
de Valeria Chorny, Bárbara García y Vilma Paura por FOCO y de Luna Miguens,
Leandro Vera Belli, Santiago Sánchez, Carlos Píngaro Lefevre y Eduardo Reese
por el CELS.
1 Centro CIFRA, Informe de Coyuntura 19
(mayo 2016). Ver:http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf
2 Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Ver:http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp
3 Centro CIFRA, Informe de Coyuntura 19
(mayo 2016). Ver:http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf
4 La Ley de Acceso Justo al Hábitat
14.449 fue aprobada en la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 2012 (http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14449.html).
5 El Consenso Nacional por un Hábitat
Digno fue elaborado en 2014 por el Colectivo Multisectorial Habitar Argentina (http://www.consensohabitar.org.ar/).
6 Se trata de una unidad de medida que se
actualiza diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER), basado en el índice de precios al consumidor.
Tomado de social watch – enviado por red foroba
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