El Estado mexicano
debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas
y derechos humanos
Marcelina López, vocera de las comunidades indígenas
afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, expone el caso ante el
Grupo de Trabajo de la ONU en Guadalajara. Crédito: Sandra Moguel.
Septiembre 8, 2016
El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano
a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el
respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las
empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante
la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas
y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19),
Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28).
Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo
sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con
autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y
comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas
reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber
del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos,
así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a
estos derechos.
Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr.
Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo,
fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales
por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento,
violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente;
entre otros.
En Oaxaca se reunieron con comunidades
afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de
hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas
asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos
por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como
de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e
informada como en el caso de Eólica del Sur.
En Guadalajara, los expertos visitaron el río
Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud
del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades
empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos
determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo
escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y
Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y
con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos
de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos.
En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo
visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del
derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo
México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron
con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes
hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer
cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los
derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia.
En Xochicuautla, Estado de México, comunidades
indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas,
minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de
Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la
cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen
las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”.
Los expertos se reunieron con al menos una decena de
empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de
dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU.
En su visita en la Ciudad de México se
ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, la situación del
estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de
violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la
que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un
sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por
autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud
en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son
extranjeras.
El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de
Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100
organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra
que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio
(32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22
casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron:
minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y
agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron
intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.
La coalición de organizaciones y movimientos sociales
consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un
plan claro para su cumplimiento.
Desde sociedad civil exhortamos al Estado a:
- Informar
sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y
ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades
extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos
producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor.
- Informar
sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas
afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos
independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.
A las empresas a:
- Comunicar
cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y
cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor
para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.
Organizaciones firmantes en orden alfabético:
Alianza de la Costa Verde
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA)
Bios Iguana
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Cartocrítica
Casa del Migrante Saltillo
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
(Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)
Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo
Local
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
(CIEDH)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de
Larios”
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la
Sabina
Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales
Comités de Cuenca Río Sonora
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
(CODIGODH)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH)
Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali
DECA Equipo Pueblo
DH Rayoactivo
El Barzón Chihuahua
EcoRed Feminista la Lechuza Buza
Enfoque DH
Estancia del Migrante en Querétaro
Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
(FPDTA)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de
Puebla
Greenpeace México
Grupo de Estudios Ambientales
Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo
Minero (M4)
Organic Consumers Association (México)
Oxfam México
Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de
Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación (PODER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Semillas de Vida
SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados
Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz
Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21
estados de la República mexicana)
Contacto de prensa:
Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, apuentes@aida-americas.org,
+521 5523016639
Tomado de envio de aida
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