Proponen una Ley
para penalizar desmontes ilegales e incendios forestales intencionales
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016.- La organización
ambientalista Greenpeace y la Diputada Nacional Victoria Donda, presentaron hoy
en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al
Bosque Nativo (1). El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a
quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio
de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos.
"El objetivo del proyecto es castigar a quien violando las disposiciones legales o reglamentarias, destruya los bosques. Quedan exceptuados todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a diez hectáreas que sean territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores”, explicó la diputada Donda.
"El objetivo del proyecto es castigar a quien violando las disposiciones legales o reglamentarias, destruya los bosques. Quedan exceptuados todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a diez hectáreas que sean territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores”, explicó la diputada Donda.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques
de Greenpeace, señaló: "Grandes productores agropecuarios y
desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena:
simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que
ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la
complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. Quienes
destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes". (1)
El proyecto de ley también penaliza (con cárcel de 2 a 6
años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de
maquinaria o conocimiento técnico / académico o científico. Las penas se
incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando
las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación
perpetua para desempeñarse en la función pública.
La norma propone agravantes cuando el delito se haya
cometido para obtener beneficio económico; desalojando familias; afectando
gravemente la salud y el ambiente; con la colaboración de un funcionario
público; afectando reservas, parques o áreas protegidas nacionales o locales;
afectando territorios indígenas o campesinos.
Además, permite que las autoridades nacionales y
provinciales, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y las
comunidades indígenas puedan presentarse como querellantes.
De la conferencia también participaron vecinos y comunidades
campesinas e indígenas afectados por la deforestación en Salta, Santiago
del Estero, Córdoba y Neuquén.
Notas:
1) Proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al
Bosque Nativo"
2) Informe de Greenpeace “Desmontes S.A. Parte 3. El mapa
del delito forestal en Argentina”.
http://www.greenpeace.org/arge ntina/Global/argentina/2016/8/ INFORME_DESMONTES_SA_3_FINAL.p df
Lic. Hernán Giardini
Coordinador de la Campaña de Bosques
Forests Campaign Coordinator
http://www.greenpeace.org/arge ntina/Global/argentina/2016/8/ INFORME_DESMONTES_SA_3_FINAL.p df
Lic. Hernán Giardini
Coordinador de la Campaña de Bosques
Forests Campaign Coordinator
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