Un ministerio para el
ambiente
Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la
imagen del país que el Gobierno redujera la jerarquía de la autoridad ambiental
Resultan llamativos los reiterados rumores de que el actual
Ministerio de Ambiente se transformaría, nuevamente, en una secretaría de
Estado. Sería un grave retroceso para una gestión que se adjudicó la promoción
del desarrollo sustentable provocar una capitis deminutio del organismo que
nació hace apenas un año para revertir una década de abandono, malversación y
corrupción en materia de política ambiental.
Ha sido evidente durante el último año que la actuación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha incomodado actividades de
otras carteras. Sería extraño que ello no ocurriera y eso habla del necesario
funcionamiento de la institución.
El derrame de Veladero y las actividades mineras dejaron a
la luz las diferencias entre el Ministerio de Energía y Minería y el de
Ambiente. Se trata de una pugna vinculada a la aplicación de la ley de
glaciares que expresamente impide el desarrollo de la minería en áreas
periglaciares donde está ubicado el proyecto Pascua Lama.
El desarrollo de las actividades mineras debe realizarse
respetando el ordenamiento jurídico vigente y no a través de decretos
reglamentarios que pretenden la flexibilización de una norma que fue reclamada
por la sociedad y votada por unanimidad en el Congreso. Los mismos argumentos
desarrollados por la entonces presidenta Cristina Kirchner para vetar la norma
"porque se afectarían inversiones y puestos de trabajo" parecen
reaparecer de la mano de quienes, en carácter de opositores, criticaron
entonces aquella decisión recordada como "el veto Barrick".
La acertada postura del Ministerio de Ambiente de solicitar
una nueva evaluación de impacto ambiental previa a la construcción de represas
en Santa Cruz causó preocupación en el gabinete: se ponían en juego las
inversiones chinas. Esta columna editorial trató el tema con el título
"Las represas de Cambiemos": no debía convalidarse la obra sin un
profundo análisis de su conveniencia e impactos. La Corte Suprema de Justicia
puso fin a esta disputa y, como en otras oportunidades, sostuvo una posición de
razonabilidad: ordenó realizar una nueva evaluación de impacto ambiental de la
totalidad del emprendimiento donde la autoridad a cargo de la política
ambiental del país deberá tener un rol medular para su eventual aprobación.
Algo similar ocurrió con relación a la licitación de
colectivos ciento por ciento eléctricos lanzada por el Ministerio de Ambiente
como prueba piloto por instalarse en algunas ciudades, que causó la molestia
del Ministerio de Transporte, que intentaba implementar vehículos híbridos,
cuyo funcionamiento en modo eléctrico es muy limitado.
Desde estas columnas hemos cuestionado la exuberancia
burocrática del gobierno de Mauricio Macri, caracterizada por la más frondosa
organización del gabinete nacional en la historia del país. Y hemos urgido a
achicar el considerablemente elevado número de ministerios y secretarías de
Estado. Pero sería un error reducir la jerarquía de un área que reviste cada
vez mayor importancia en el mundo, como la del medio ambiente.
Proponer que la autoridad en materia ambiental tenga un
papel débil no haría sino demostrar un errático compromiso del Gobierno para
proteger la mayor riqueza presente y futura de la Argentina: sus recursos
naturales.
La demora en las inversiones no obedece a las exigencias
ambientales de nuestro país. Una voluntad política clara en el proceso de
fortalecimiento institucional para la gestión ambiental no hará sino fortalecer
un sector empresarial genuino, que comprende la necesidad de un debate abierto
y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales bajo un enfoque de
respeto de los derechos individuales y colectivos.
Ha habido cambios importantes en la materia durante esta
gestión de gobierno: además de haberse creado el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, se constituyó el Gabinete
Nacional de Cambio Climático, coordinado por la Jefatura de Gabinete de Ministros,
que involucra a casi todos los ministerios en la lucha contra una de las más
grandes amenazas que enfrenta la comunidad internacional, y recientemente ha
tenido una notable actuación en la cumbre del clima en Marruecos.
Se trata de un cambio de paradigma indispensable respecto de
una década donde lo ambiental fue una mera dependencia administrativa dirigida
a no estorbar las actividades rentables de los amigos del poder, y eso no
debería repetirse. Reducir la jerarquía de la autoridad ambiental sería hacerle
lugar a lo coyuntural sobre lo trascendente. Se trataría de un retroceso
inexplicable que no perjudicaría sólo a la protección ambiental en la
Argentina, sino también a la imagen que la Argentina intenta recuperar en el
mundo. Tomado de la nación de ar
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