Escándalo Banco Mundial, IFC y Oro
Todos sabemos que uno de los actores más importantes y de
bajo perfil en la gestión ambiental colombiana es el sector financiero. Pero no
necesariamente sabíamos que aparte de tener su Portafolio Verde o emitir Bonos
Verdes o financiar con créditos parte de la sostenibilidad del país, también
eran dueños y socios de proyectos que impactaban el medio ambiente, las
reservas naturales y resguardos de comunidades vulnerables.
Tal es el caso del nuevo escándalo desatado por el propio
grupo del Banco Mundial a través de su Corporación Financiera Internacional
-IFC-, con relación a sus intereses como, no solamente financiadora, sino
propietaria de la compañía canadiense Eco Oro Minerals Corporation Limited
(antes llamada Greystar Resources Limited) responsable de los impactos
ambientales y sociales causados por la exploración de oro sobre el ecosistema
del Páramo de Santurbán, Santander, a pesar del creciente rechazo local,
nacional e internacional.
La noticia se genera este 2 de septiembre cuando la Oficina
del Asesor Cumplimiento Ombudsman -CAO- del propio Banco Mundial, publicó los
incumplimientos de IFC, como financiadora y propietaria de este lucrativo pero
inviable negocio en Santander, ante la solicitud hecha por los representantes
del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, conformado por
75.000 personas de Bucaramanga, con el apoyo de la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente -AIDA-, The Center for International Environmental
Law -CIEL- y Mining Watch Canadá de Ottawa.
En resumen, la CAO determina que IFC:
No realizó un análisis de riesgos ambientales y sociales más
allá de la fase inicial, entendiendo que IFC es propietaria de Eco Oro, además
de la sensibilidad ambiental y social del lugar.
La categorización de esta inversión contradice el objetivo
declarado en el material de divulgación de IFC sobre el desarrollo de la mina a
fines de 2009 e inicios de 2010.
No incluyó ni analizó la información sobre la investigación
realizada del 2006 al 2008 por parte de la autoridad ambiental -Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)-.
No incluyó de manera adecuada información sobre el
incumplimiento de la compañía con los requisitos ambientales relacionados con
el tratamiento de agua ácida, erosión del suelo y deslizamientos observados por
la CDMB en 2010, o su decisión de multar a la compañía por dichas infracciones.
Identificó importantes vacíos en la estrategia de compromiso
de la compañía con las partes interesadas a medida que el proyecto avanzaba.
El limitado abordaje del proyecto en cuanto a evaluación y
categorización de la inversión para los fines de la IFC no reflejó la manera en
que los miembros de la comunidad afectada entendían los riesgos asociados al
proyecto (que incluían potenciales impactos debidos a la construcción y
operación de una mina).
Tenía conocimiento sobre la cercanía del proyecto al páramo
en el momento de la inversión.
No había información suficiente para determinar si la IFC se
aseguró de que la compañía cumpliera con los requisitos de reducir los riesgos
e impactos para la salud y la seguridad de la comunidad que puedan derivarse
del proyecto.
No muestra un progreso considerable en la realización de los
estudios necesarios para la conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos naturales, o un adecuado estudio de referencia sobre
la biodiversidad o una evaluación del hábitat crítico.
¿Qué lecciones aprendidas les queda a los bancos y especialmente
a IFC de todo esto? De acuerdo al propio informe de la CAO, la IFC es
propietaria actual del 12,34 % de Eco Oro, compañía explotadora, y como es
obvio darle empleo a los santandereanos no era el principal motivo de su
interés.
Por lo tanto ¿qué tan valioso es este capital comparado con
el que se le escapa por la pérdida de su reputación, credibilidad y confianza?
¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles serán las reparaciones?
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