Un poblado rural
contra la corrupción tóxica de Kenia
En un continente donde la fatalidad se acepta sin quejas,
con la corrupción política y la justicia lenta en contra, reaccionaron para
salvar sus vidas a través de la mayor protesta pública colectiva de la
Una de las familias afectadas por los vertidos de plomo de
una fábrica ilegal en Kenia. Foto: EFE / Javier Marín
MOMBASA, KENIA.- No tenían casi nada, y lo poco que les
quedaba lo mataron con plomo. Pero Owino Uhuru, un poblado rural, rompió el
silencio de quienes nacen derrotados e interpuso la mayor demanda colectiva de
la historia de Kenia en contra de la fábrica que contaminó sus vidas y del
Gobierno que lo permitió.
Owino está situado en un margen de la carretera que parte de
la ciudad costera de Mombasa hacia Nairobi, una vía estrecha y degradada por el
tránsito de los miles de camiones que cargan a diario en el mayor puerto de
África del este, y que sólo disponen de este camino para entrar y salir.
Sus casas están encajadas entre los muros de las fábricas
que asfixian la zona industrial más densa del país, a las que en 2007 se sumó
una planta de reciclaje de baterías de coche levantada por una compañía india,
literalmente, dentro del poblado.
El humo de su chimenea caía sobre los techos y sus aguas
residuales se filtraban en el arroyo que abastece al asentamiento y a sus
cultivos: todo se cubrió de plomo, el principal componente de las baterías para
vehículos y uno de los metales más tóxicos del planeta.
Transcurrido un tiempo, los niños empezaron a enfermar, las
mujeres sufrieron abortos y la muerte llegó, inevitablemente, a través de unos
niveles de plomo en sangre 90 veces superiores a los límites marcados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una niña camina por las calles del poblado de Owino Uhuru,
en Mombasa, Kenia. Foto: EFE / Javier Marín
"Esa fábrica era ilegal", admitió el director
adjunto de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad keniano, Samuel Okuche.
"La legislación keniana exige un estudio previo de impacto medioambiental
para otorgar una licencia de actividad. En este caso hay muchas dudas de si se
llegó a hacer. Buscamos en los archivos de la Agencia Nacional del Medio
Ambiente, pero no lo encontramos. Nunca debió ser autorizada", afirmó.
Los habitantes de Owino ya lo sospechaban, porque los
negocios ilícitos son una costumbre en este país. Sin embargo, a diferencia del
resto de comunidades africanas, donde la fatalidad se acepta sin chistar, reaccionaron
para salvar sus vidas a través de la protesta pública y una demanda colectiva.
"Un grupo de mujeres -grandes protagonistas en
las pequeñas sociedades kenianas- organizó al poblado para abordar la calle a
lo largo de un año y medio y pedir el cierre de la fábrica"
Primero fueron las manifestaciones. Un grupo de mujeres
-protagonistas de todo en las pequeñas sociedades kenianas- organizó al poblado
para abordar la calle en tres ocasiones a lo largo de un año y medio y pedir el
cierre de la fábrica.
La Policía, muy poco habituada a la reivindicación social,
reaccionó con violencia, detenciones masivas y amenazas hacia sus líderes:
"Tuve que pasar una noche entera debajo de mi cama y al amanecer huí a
Uganda", relató Anastacia Nambo, una de las líderes de Owino.
Otra de las afectadas, Phyllis Omido, antigua trabajadora de
la planta, fundó el Centro para la Justicia, la Gobernanza y la Acción
Medioambiental, una ONG que ha promovido la demanda "en nombre de todos
los residentes de Owino Uhuru", cuya población estimada es de 3000
habitantes.
La acción judicial va dirigida contra los ministerios de
Medio Ambiente y de Salud, el gobierno local de Mombasa y la Fiscalía General
del Estado, entre otros, por consentir, e incluso asistir, la actividad de una
fábrica que incumplía la legislación medioambiental.
Debido a las continuas protestas de los vecinos de Owino y
la repercusión que lograron en los medios de comunicación nacionales, la
fábrica fue cerrada en junio de 2008, pero solo cuatro meses después el
Ayuntamiento de Mombasa autorizó su reapertura.
En febrero de 2009, el Ministerio de Salud ordenó nuevamente
su clausura y creó una comisión pública para llevar a cabo un estudio
científico sobre la contaminación.
El informe concluyó que el humo de la fábrica y sus vertidos
estaban poniendo "en grave riesgo" la salud de los habitantes de
Owino. Apenas unos días después, la planta recibió permiso para reanudar
Calle del poblado de Owino Uhuru, en Kenia, cuyos habitantes
han interpuesto la mayor demanda colectiva de la historia de este país. Foto:
EFE / Javier Marín
Los residentes también reclamaron al Gobierno una medición
del nivel de plomo que tenían en la sangre. Técnicos del Ministerio comenzaron
a tomar muestras, pero pronto tuvieron "dificultades" con el equipo,
remarcó la demanda.
"La máquina se rompió", explicó el doctor Abdalla
Ali Ahmed Bajaber, del Hospital de Mikindani, donde los afectados reciben
pastillas de calcio como único tratamiento a una intoxicación letal.
"Pero estaba en garantía, esperamos que nos la den
pronto para reanudar las mediciones", agregó Mohamed Ibrahim, director de
la autoridad regional médica, quien admitió que en Owino "todo está
contaminado" y que la única solución es "sacarlos de allí".
La demanda acusa también a los responsables de la fábrica,
sobre los que no parece haber muchas pistas: "No están en el país, nos
dijeron que se habían marchado. Ni siquiera sabemos quiénes eran", aseguró
Okuche.
La fábrica fue cerrada definitivamente a principios de 2014,
pero la comunidad continúa su lucha a través de la lenta justicia keniana en busca
de tratamiento médico y compensación.
"Owino", que en lengua lúo sirve para describir a
los bebés que nacen con el cordón umbilical enredado en el cuello, aún libra su
batalla por respirar.
Agencia EFE, con información del European Journalism
Centre (EJC)
Tomado de la nación de ar
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