¿Hay descuido en la infraestructura petrolera?
En el pozo Lizama 158, de Ecopetrol, se derramaron 550 barriles
de crudo. Recuperarse de este impacto tardará, según la ONU, al menos un año.
FOTO AFP
Agua, animales y árboles se ven negros, manchados por un
manto oscuro que se regó por alrededor de 20 kilómetros en La Fortuna,
Santander, algo así como ir de Medellín a Sabaneta.
La imagen corresponde al derrame de petróleo que se registró
en marzo pasado en el pozo Lizama 158, propiedad de Ecopetrol, el cual provocó
una tragedia ambiental que, según ONU Ambiente, tardará por lo menos un año en
superarse.
El segundo registro trae imágenes similares, pero a menor
escala, en Cantagallo (Bolívar). Otro derrame de crudo, también responsabilidad
de la misma petrolera, se extendió durante unos 30 kilómetros del río
Magdalena, representados en 125 barriles de petróleo que, de una u otra manera,
también contaminaron el ambiente.
Sin embargo, Ecopetrol no es la única responsable de estos
eventos. En Colombia, según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla)
y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), se reportaron 86.245 barriles
derramados por causas operacionales, incluyendo fallas operativas, volcamientos
y sucesos naturales, como deslizamientos o fallas geológicas.
La infraestructura petrolera del país, según el Ministerio
de Minas, se extiende en 4.465 kilómetros de oleoductos y otros 3.980
kilómetros de poliductos; es decir, los hidrocarburos, lodos o agua que se
emplean para la extracción de hidrocarburos en Colombia, se trasladan por
conductos a lo largo de 8.445 kilómetros, la distancia que se recorre en cinco
viajes de ida y vuelta entre Medellín y Pasto.
“Las fallas denominadas ‘operativas’ se deben principalmente
al volcamiento de vehículos que transportan crudo y a fallas mecánicas o
técnicas causadas en mayor medida por corrosión en las líneas y desgaste en la
tubería”, se lee en el informe de desempeño ambiental de la Acp.
Radiografía a los
derrames
Entre enero de 2009 y mayo de este año, en el caso de
Ecopetrol, se derramaron 28.172 barriles de crudo en Colombia, producto de
incidentes operacionales”, es decir, el 32 % de todos los derrames en el país,
según el reporte entregado por la empresa Ecopetrol y contrastado con las
cifras de ACP y la Anla.
En cuanto a lo que ha sucedido en el país por cuenta de
estos incidentes, entre 2008 y 2015, el más alto fue 2011, con 17.817 barriles
derramados, mientras que el más bajo fue 2013, con 6.189 barriles.
“Esto demuestra que hubo una previsión y mayor interés de
las compañías en lo que tiene que ver con la prevención y el mantenimiento,
pero no se puede bajar la guardia”, sostuvo el economista y abogado José
Roberto Acosta.
En el caso de Lizama, la compañía dijo que se ha atendido la
situación desde todos los frentes y como lo ordenan los protocolos diseñados
para enfrentar estas contingencias. Incluso, en una entrevista con EL
COLOMBIANO, publicada el 3 de abril pasado, el presidente de la compañía,
Felipe Bayón, manifestó que “las autoridades competentes harán sus análisis y
determinarán si se pudo haber hecho diferente.
Incluso, Jhon Jairo Martínez, líder social y ambiental en
Santander, señaló que la atención de la petrolera fue óptima, pues arribó con
personal, maquinaria y tecnología para enfrentar la tragedia. “Ecopetrol no es
santo de nuestra devoción, pero hay que reconocer que se volcó a atender la
crisis, buscando dar soluciones ambientales y sociales”. Asimismo, la
vicepresidente de Producción de Ecopetrol, Francy Ramírez, sostiene que desde
hace unos 15 o 20 años el mundo tiene más conciencia ambiental, lo que ha
permitido, más allá del interés de reducir los indicadores negativos como
sucede con los “incidentes”, le apunta a enfocarse en el mantenimiento de la
infraestructura para evitar desastres. “A través de la evaluación de integridad
de activos, mediante pruebas para verificar el estado de la infraestructura,
identificamos dónde debemos hacer cambios o el grosor de los tubos, para evitar
que estos incidentes se registren”, explicó la vicepresidenta.
¿Por qué pasa?
Johana Andrea Velásquez, magíster en restauración de
ecosistemas de la Universidad de Alcalá (España), sostiene que la
responsabilidad es de las empresas petroleras, porque “las compañías incumplen
el mantenimiento de sus estructuras hasta que ocurre un accidente”, como los
que se hacen evidentes “gracias a los medios de comunicación y, ahora, a las
redes sociales”, cuestiona Velásquez.
Otra crítica va dirigida a que las petroleras “se ven en la
obligación de hacer cambios en sus tuberías cuando hay daños y no
preventivamente. Considero que la falencia está en las entidades
gubernamentales que deben vigilar con mayor frecuencia las actividades
petroleras, ya que esa es la única forma de presionar a las compañías y
obligarlas a que cumplan”.
La experta sostiene que esto sucede con más frecuencia en
territorios alejados de la civilización y agrega que “me preocupan regiones
como Meta, Casanare o Vichada”.
Al plantearles esta versión a dos analistas, el exministro
de Minas Rubén Darío Lizarralde y a Pedro Carmona, director del Instituto de
Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda, la respuesta
es la misma: son hechos fortuitos que no directamente están relacionados con
descuido o inoperancia de las petroleras.
Por una parte, Lizarralde asegura que no hay descuidos, pero
sí apunta a que existen pozos que están “viejos y están dando sorpresas, porque
incluso han emanado petróleo por bocas diferentes de donde se habían
perforado”, por lo que apunta a que el seguimiento y monitoreo de estos deben
ser una prioridad de las petroleras, “sobre todo de Ecopetrol, pues los más
antiguos fueron de su responsabilidad”, agregó el exministro.
Mientras que Carmona confía en las compañías, al asegurar
“operan normalmente con sistemas de control u operación, y protocolos para
responder por las actividades que realizan”, pero plantea la necesidad de
reforzar la vigilancia a esta infraestructura que, por más extensa que sea,
deberá contar con un trabajo articulado “entre los organismos del Estado, las
empresas y las organizaciones sociales”.
Hacia dónde vamos
Por el lado de Ecopetrol, la empresa más grande que opera en
el país, sostiene que la estrategia ambiental se mide a través de indicadores
ambientales logrando una “operación sana, segura, limpia y responsable”.
Por esto, sostiene, han logrado una reducción del 99 % de
los incidentes reportados entre 2009 y 2017, pasando de derramar 7.533 barriles
en 2009 a 50 el año pasado, aunque el indicador les repuntó en lo que va de
2018, con los incidentes de Lizama y Cantagallo.
“Lo que promueve este
indicador es un crecimiento responsable de las operaciones, de tal manera que a
pesar del incremento en la producción de una organización y de sus facilidades
como líneas de flujo u oleoductos, el índice relativo de derrames sea
competitivo”, dice la compañía.
Al respecto, James Murillo, director de la organización
ambiental Cabildo Verde, con asiento en Bolívar, menciona que la preocupación con
este tipo de incidentes radica en que “con una sola gota de petróleo que se
derrame” la afectación es directa sobre un recurso hídrico, por lo que
representa el Magdalena.
Lo claro es que, por más vigilancia y previsión que tengan
las compañías petroleras, nunca habrá un 100 % de seguridad para evitar que se
registren estos incidentes, pues factores como las perforaciones ilegales, la
topografía del país y en ocasiones el clima, le pueden jugar una mala pasada,
aunque no es lo que se espera.
DICEN DE... LO PEOR SON LOS ATAQUES
El Acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las Farc en
noviembre de 2016 permitió tener, además de tranquilidad en cuanto a seguridad
y menos ataques armados, una reducción en la hostilidad contra la
infraestructura petrolera del país. Así lo plantea el analista del conflicto
Carlos Arturo Velandia, exmiembro del Eln, quien destaca que este era uno de
los que más le preocupaba a la industria del país, pues era una manera de
presión a las multinacionales. Según los reportes, desde 2009 a la fecha, se
derramaron poco más de 853 mil barriles de petróleo en el país. Además, en la
historia, se concibe que el primer ataque contra la infraestructura de
hidrocarburos se dio el 14 de julio de 1986. En ese momento, el Eln atacó el
Oleoducto Caño-Limón Coveñas y ocasionó el derrame de, al menos, 45.743
barriles de petróleo. La acción guerrillera se dio en La Donjuana, jurisdicción
del municipio de Carmen de Tonchalá, en el departamento de Norte de Santander.
RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ Periodista nacido en Calarcá.
Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío. // TOMADO DE EL COLOMBIANO
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