Por qué el electorado no castiga a los funcionarios de
México?...
Escrito por Patrick Corcoran para Insight Crime
El reciente estudio de una académica mexicana busca
establecer bajo qué circunstancias el electorado mexicano castiga a los
políticos por la situación de inseguridad, y ofrece valiosa información sobre
un importante obstáculo para el control democrático en el país.
El nuevo artículo de Sandra Ley, "Responsabilidad
electoral en medio de la violencia criminal: evidencias de México"
(Electoral Accountability in the Midst of Criminal Violence: Evidence from
Mexico), parte de una premisa real pero lamentable: que los políticos mexicanos
raramente son responsabilizados por el deterioro de la seguridad en sus
jurisdicciones.
Esto parece ser contrario a la reacción natural de cualquier
electorado democrático, especialmente en México, donde los políticos no sólo son
incapaces de enfrentar los problemas de seguridad, sino que además son agentes
activos de la inseguridad.
Mediante un análisis de las elecciones para gobernadores y
alcaldes durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), y utilizando los
conteos oficiales sobre la violencia relacionada con el crimen organizado, Ley
concluye que los votantes estaban dispuestos a revocar el mandato del partido
gobernante sólo si se cumplían dos condiciones: cuando el partido en el poder
era el Partido de Acción Nacional (PAN), al cual pertenece el expresidente
Calderón, y cuando el aumento en la violencia estaba relacionado con el crimen
organizado.
Los efectos eran mayores cuando la violencia estaba dirigida
a los funcionarios públicos, especialmente durante las campañas electorales.
Según Ley, profesora de ciencias políticas del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), de la Ciudad de México, "Por cada evento
violento perpetrado contra actores políticos durante el proceso electoral en un
municipio determinado, la cuota de votos del PAN disminuye un 3,6 por
ciento".
Según la autora, esta dinámica se produce porque los
votantes intentan encontrar "atajos cognitivos" para determinar a
quién culpar.
Un problema tan complicado como el crimen organizado tiene
múltiples actores relevantes (por ejemplo, el ejército, tres niveles de la
policía, tres niveles de políticos electos, el poder judicial y los grupos
criminales mismos) y, por supuesto, los votantes buscan determinar quién es el
culpable.
El asunto se complica aún más cuando la creciente
inseguridad se convierte en una papa caliente política.
Los funcionarios municipales buscan el apoyo del nivel
estatal cuando no pueden manejar los asuntos, y los funcionarios estatales
hacen lo mismo con el gobierno federal, por lo que cada nivel tiene un posible
chivo expiatorio para sus propias insuficiencias.
Pero sólo cuando las circunstancias establecen la causalidad
más simple —cuando hay una gran cantidad de violencia relacionada con el crimen
organizado, y solamente hay un partido al que se puede culpar—, el electorado
en su conjunto logra canalizar la responsabilidad hacia los políticos.
Análisis de InSight
Crime
De alguna manera, las dos condiciones necesarias para la
responsabilidad electoral son totalmente lógicas.
A diferencia de la delincuencia común, el crimen organizado
suele tener un componente político activo, en el cual los grupos más poderosos
encuentran protección.
Por lo tanto, es lógico que los votantes se muestren más
dispuestos a castigar a los políticos cuando se disparan los niveles de
violencia relacionada con el crimen organizado.
En cuanto a la necesidad del alineamiento político como
condición previa, Calderón basó su presidencia sobre una plataforma contra el
crimen organizado, por lo que no es sorprendente que él y sus compañeros
panistas se hayan visto afectados cuando las deficiencias de su estrategia se
hicieron evidentes.
Según Ley:
En general, los resultados sugieren que cuando un partido
intenta “controlar” el crimen pero no logra proveer seguridad, los votantes
castigan a sus candidatos en las urnas, incluso más cuando la alineación
política facilita la atribución de responsabilidad por los deficientes
resultados en materia de seguridad.
El problema es que delimitar la culpa a los políticos del
PAN resultaba insuficiente en el período de Calderón.
El Partido Revolucionario Institucional, o PRI, tenía más de
la mitad de las gobernaciones del país, y la mayor parte de las alcaldías, por
lo que conservó una amplia influencia sobre el sistema político del país, a
pesar de que se encontraba operando durante una presidencia del PAN.
Responsabilizar solamente a los funcionarios del PAN lo que
hizo fue darles carta blanca a los funcionarios del PRI, quienes en su conjunto
ejercieron tanta o mayor influencia que aquellos sobre la estrategia del
sistema político para hacer frente al crimen organizado.
No es casualidad que durante la administración Calderón se
hubieran presentado algunos inquietantes casos de funcionarios del PRI que
fueron recompensados en las urnas a pesar de que evidenciaron desastres de
seguridad.
En el año 2011, el exgobernador de Coahuila, Humberto
Moreira, fue sucedido por otro miembro del PRI —nada menos que su propio
hermano— a pesar de que Moreira se había visto involucrado en una amplia
investigación por denuncias según las cuales él les permitió a Los Zetas tomar
el control el estado.
En 2010, Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del
mundo, durante el mandato de un alcalde del PRI y un gobernador de Chihuahua
igualmente del PRI.
Sin embargo, en los comicios en el verano de ese año, los
votantes volvieron a elegir eligieron a un alcalde y a un gobernador priistas.
Es posible que los cambios en la dinámica política (quizá no
haya otro presidente que apueste su reputación por una estrategia de mano dura
en cuestiones de seguridad) y en las reglas políticas (desde 2014 se permite la
reelección a nivel municipal) debiliten las conclusiones de Ley.
Pero aún hay poca
evidencia de ello.
Por el contrario, parece que la llegada de un presidente del
PRI fue el impulso final para los candidatos priistas a las gobernaciones de
Chihuahua, Durango, Veracruz y Tamaulipas.
En cada uno de estos estados, el PRI obtuvo la gobernación
durante el mandato de Calderón, a pesar de que se presentó un deterioro
sustancial en materia de seguridad, así como permanentes y creíbles denuncias
de que había funcionarios del PRI en connivencia con grupos criminales.
En cada uno de estos estados, el candidato del PRI para
gobernador perdió en 2016, cuando ya Peña Nieto era presidente.
Lamentablemente, la ausencia de rendición de cuentas
electorales de manera coherente es una parte importante de la persistencia de
la violencia en México.
Los incentivos para los políticos, cuya motivación principal
es una posible reelección, así como para sus partidos, no están relacionados
con su desempeño en materia de seguridad.
No parece haber castigo para los gobernadores que venden su
estado a un grupo criminal, o que permiten que el jefe de la policía proteja a
los criminales.
Mientras eso no cambie, mientras no desaparezcan las
condiciones que Ley identifica, es difícil imaginar que los políticos mexicanos
se sientan motivados por el interés público en materia de seguridad. TOMADO DE
ENVIO DE NETO PERIODISTA , nota: votos mas votos menos igual a Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario