Por Jorge Barreto // (foto: Pablo Piovano)
UN PERMISO PARA MATAR!?
El Gobierno de Gutavo Bordet, a través de su Secretario de
Producción Alvaro Gabas apeló ayer el fallo de la justicia entrerriana que
prohíbe la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros
alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia, y la fumigación aérea
con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos
establecimientos educativos.
En una deleznable actitud, desde el ejecutivo provincial se
intenta retrotraer una disposición legal que surge luego de un amparo ambiental
colectivo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial
del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Gobierno provincial y el Consejo
General de Educación (CGE).
Esta falta de respeto por la vida, es motivo de nuestro más
enérgico repudio, en una provincia que ostenta la terrible estadística de
poseer el 55% de los enfermos de cáncer menores de edad en el Garraham y que
por ejemplo en la ciudad de San Salvador (una de las más afectadas por este
flagelo), se contabilizaría un enfermo por casa en barrios donde años atrás
existían pistas de aterrizaje de aviones fumigadores.
Justamente en el momento en que los grupos ambientalistas de
la provincia impulsan una ley para la declaración de la emergencia ambiental en
la provincia, y que la cámara federal revoca la apelación contra la prohibición
del glifosato en la ciudad de Gualeguaychú, la conducta del gobierno se inclina
(una vez más), hacia la defensa de los sectores concentrados que operan en
contra de la salud y la vida de miles de entrerrianos.
Es por ello que desde nuestra fuerza política provincial,
apelamos a la razonabilidad del Gobernador Gustavo Bordet, solicitándole que
retire la apelación sobre un fallo que se orienta a salvaguardar la salud de
nuestros gurises, gurisas y las comunidades educativas en su conjunto, ya que
(como habría expuesto Adolfo Perez Esquivel) “Las consecuencias que producen
las fumigaciones con agroquímicos sobre la salud y la vida de las personas
expuestas involuntariamente, poseen la
suficiente entidad para ser calificadas
como crímenes de lesa humanidad”.
Jorge Barreto – Unión Ciudadana Entre Ríos
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