El acuerdo con el
FMI, la política energética del gobierno de Macri y Vaca Muerta
Entregada en bandeja
A cambio de los dólares para financiar el salvataje de la
economía, el gobierno de Macri dispuso una serie de medidas de flexibilización
laboral, de disponibilidad de divisas y del manejo de la producción de
hidrocarburos de Vaca Muerta.
Por Federico Bernal
Imagen: Arnaldo Pampillon
La conferencia de prensa de Christine Lagarde y Nicolás
Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del FMI, expresa mucho
más que la pérdida de soberanía política y económica. A cambio de extender su
permanencia en la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri entregó a cambio
la riqueza hidrocarburífera. Existen tres ejes para entender esa liquidación.
1. Desnacionalización
de Vaca Muerta. Desde el Observatorio Oetec advertimos, a mediados del mes
pasado, que durante su visita a Houston, Estados Unidos, el secretario de
Energía, Javier Iguacel, sirvió Vaca Muerta en bandeja a los petroleros
estadounidenses. Pero no cualquier Vaca Muerta, sino una adaptada a los
objetivos del FMI para la Argentina. La flexibilización laboral y la
domesticación de los sindicatos locales, la libre disponibilidad de divisas y
giro de utilidades, los objetivos netamente exportadores, los subsidios
estatales a la producción (sobreprecios al gas) concentrados en actores
privados, los beneficios fiscales y la privatización/desnacionalización de las
nuevas concesiones. Todas estas medidas forman parte del paquete de una Vaca
Muerta fondomonetarizada. Iguacel fue claro al respecto. Él mismo destacó el
ascenso de nuevos actores privados locales y extranjeros, en detrimento de YPF.
¿Qué significa esto? Que la empresa estatal nacional (ídem para la provincial
neuquina) no es condición para adjudicarse concesiones, arrancar con pilotos ni
operar. YPF ya cumplió su rol de poner en valor y recuperar Vaca Muerta de la
desidia de Repsol. Lo hizo entre 2012 y 2015. Ahora es tiempo de aprovechar
esos frutos por parte de los actores privados nacionales y
anglo-estadounidenses.
El FMI aprobó la entrega de esta Vaca Muerta a su imagen y
semejanza: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje
macrista. El plan es la apertura de las concesiones a actores multinacionales
de Estados Unidos y de Europa, el reaseguro para esas firmas de ganancias
extraordinarias, exportaciones sin restricciones, libre disponibilidad de
utilidades, una demanda interna que no exige la mínima reinversión y el
desplazamiento de YPF en la estratégica región.
2. Resignación de
soberanía en el offshore. Fue en Houston también que Iguacel adelantó a la industria petrolera
estadounidense la convocatoria a concurso público internacional para el
offshore argentino. El decreto 872, publicado en el Boletín Oficial el 2 de
octubre pasado, instruye a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso
Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración en el
offshore. En el artículo 3° se lee: “Autorízase la inclusión, en los permisos
de exploración que se otorguen en el marco del Concurso Público y en las
concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos, de cláusulas
que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales
internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva
York, 1958)”.
Se trata de 38 áreas a ser licitadas bajo el Decreto 872,
por un total de 200.841 km2, es decir, el equivalente a un 65 por ciento de la
superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1000 veces la superficie de
la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, equivale a una extensión cinco
veces y media mayor. Una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la
denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas,
constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad
nacional.
Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda
de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio
“concursado”, representa una gravísima pérdida de soberanía nacional. Más aún
cuando el “Estado sede” de una eventual disputa podría ser el propio Reino
Unido. El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo el Mar Argentino
porque el gobierno necesitan con urgencia dólares para financiar su blindaje.
Esto lo aportarán las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la
prórroga de jurisdicción.
3. Exportaciones de
gas a Chile. Hasta el momento, el gas será comercializado por cuatro
productoras a un precio inferior al que millones de usuarios argentinos lo
pagan vía tarifa. Entre todas recaudarán cerca de 300 millones de dólares,
ingresos que podrán girar al extranjero y distribuir en dividendos sin control.
Del otro lado de la cordillera, una planta de capitales canadienses (Methanex)
volverá a pleno funcionamiento, convertirá el gas argentino en metanol y ganará
cientos de millones de dólares con su venta a Asia, Norteamérica y Europa.
De este fabuloso negocio, la población argentina, obligada a
consumir cada vez menos gas, padeciendo tarifas cada vez más caras e
impagables, no verá un solo centavo. Desde la asunción de Macri que se viene
fabricando el excedente para facilitar el negociado de exportación. Como en los
noventa –más precisamente 1995, a través de los acuerdos gasíferos Menem/Frei–,
se reedita la estafa exportadora a Chile. La producción de gas natural vuelve a
sobrar en un país desmantelado, con cada vez menos industrias y pequeñas y
medianas empresas y con la mayoría de la población padeciendo el ajuste y
tarifazos.
Propuestas
Las normativas e iniciativas oficiales en materia de gas y
petróleo surgidas con el acuerdo con el FMI no están desligadas del proceso de
deuda odiosa, ilegítima e insostenible durante el gobierno de Macri. En todos
los casos, apuntan a la necesidad de generar dólares frescos, promoviendo la
explotación irracional y la exportación de recursos nacionales con el exclusivo
propósito de atraer dólares para el financiamiento del blindaje macrista, para
luego permitirles fugarse vía giro de utilidades.
En consecuencia, es urgente que la oposición rechace la
profundización del saqueo del patrimonio nacional. Y cuando se dice “rechazo”
no está limitado a la mera formalidad de comunicar la grave afrenta a la
seguridad energética que esas normativas e iniciativas significan, sino al
compromiso de fuerzas políticas de su derogación/anulación a partir de
diciembre de 2019, así como también la cancelación de todos los contratos
suscriptos en materia de exportación, exploración y explotación de petróleo y
gas, incluyendo su plataforma continental (offshore). Vale enumerar en detalle
cuatro propuestas en relación a lo hasta aquí descripto:
1. Las exportaciones
de gas (ídem petróleo y combustibles) violan la Ley de Soberanía
Hidrocarburífera (26.741), ya que son incompatibles con el logro del
autoabastecimiento hidrocarburífero y la industrialización de estos recursos
estratégicos no renovables. Asimismo, las exportaciones violan el artículo 1º
de la referida ley en cuanto a que de ninguna manera pueden garantizar “el
desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento
equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Los contratos de
exportación de gas natural, a partir de diciembre de 2019, serán dados de baja
por lesionar gravemente la seguridad jurídica, la seguridad energética y la
seguridad económica de Argentina. Los objetivos de incremento de la producción
no pueden desligarse de metas de desarrollo del mercado interno, de creación de
empleo, de autosuficiencia económica, de la modernización y progresiva
competitividad del aparato productivo e industrial nacional.
2. Los contratos
suscriptos en Vaca Muerta en el gobierno de Macri violan la Ley de Soberanía
Hidrocarburífera (26.741), ya que no se sustentan en el logro del
autoabastecimiento hidrocarburífero ni en su industrialización ni mucho menos
en los objetivos citados en el artículo 1º de la referida norma (ver punto
anterior). La desnacionalización de Vaca Muerta (desplazamiento y
debilitamiento de YPF) viola la seguridad jurídica popular, la seguridad
energética y la seguridad económica de Argentina. Su reversión deberá
efectivizarse mediante la incorporación compulsiva de YPF SA en todas las
concesiones de exploración y explotación con un mínimo del 51 por ciento de
participación.
3. Los contratos
surgidos de licitaciones públicas internacionales para la exploración
(permisos) y explotación (concesiones) de hidrocarburos en el onshore como
en el offshore que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales
arbitrales internacionales serán declarados nulo por considerarse una afrenta a
la seguridad nacional y a la seguridad energética argentinas.
4. La política
energética y tarifaria del gobierno de Macri debe declararse nula dada su
naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible
* Director general del Observatorio de la Energía, la
Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec). // TOMADO DE PAGINA
12 DE AR
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