Entre coca y violencia, el Catatumbo deja 12.000 desplazados
Foto: Ricardo Monsalve
La zozobra es el pan de cada día de los habitantes de los 12
municipios de la región de Catatumbo (Norte de Santander), donde hoy se
concentran múltiples actores del conflicto armado, entre extensos cultivos de
hoja de coca, y quienes entre enero y junio de este año provocaron un
desplazamiento masivo de por lo menos 12.100 personas.
El desplazamiento forzado, que parecía ser un problema de
otras épocas en el país, revivió en esta zona del territorio nacional por
cuenta de los múltiples enfrentamientos que se han registrado desde marzo de
este año entre el Ejército de Liberación Nacional y ‘Los Pelusos’. Así se desprende
del más reciente informe del Cinep, ‘Catatumbo, la guerra sin tregua’, en el
que develan las cifras sobre la violencia reciente en esta región.
La disputa por el territorio entre estos grupos al margen de
la ley generó un ‘paro armado’ a principios de 2018, que tras poco más de dos
meses decidieron abandonar. En ese entonces, desde todos los sectores se
entendió que la lucha por el territorio entre estas estructuras había
culminado. Sin embargo, hoy miles de campesinos afrontan una crisis humanitaria
y una serie de violaciones de derechos humanos.
Wilfredo Cañizales, quien habita en la zona desde hace más
de 18 años, ha sido testigo de la barbarie que cometen a diario los miembros de
los grupos armados ilegales, quienes buscan apoderarse del territorio que dejó
el desmovilizado grupo de las Farc y aumentar sus finanzas ilegales con el
narcotráfico.
Este acérrimo defensor de los derechos humanos, que conserva
en su memoria historias de personas que han padecido la guerra, es el director
de Progresar, una fundación que se convirtió en el Banco de Datos del Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP) en esa zona del país.
Una de las preocupaciones de Cañizales son los
enfrentamientos de los que hoy son víctimas los habitantes de Hacarí, San Calixto
y Teorama, tres de los doce municipios con los que cuenta dicha región ubicada
en el norte del país en los que se estima que hay unas 30.000 hectáreas de hoja
de coca.
En diálogo con COLPRENSA aseguró que la cifra de los 12.000
desplazados no es la única consecuencia del conflicto entre esas guerrillas,
pues afirmó que “este jueves, el Gobierno local dio la orden de cerrar seis
escuelas debido a los constantes tiroteos que se registran y que ponen en
riesgo la vida de más de 1000 menores de edad”.
Con ira y tristeza a la vez, Cañizales cuenta que en lo
corrido de este año la región ha sido blanco de asesinatos, secuestros y
desplazamiento forzado, entre otras acciones que vulneran los derechos humanos.
“He sabido de cinco o seis escuelas que han sido minadas, se han registrado
seis accidentes con minas, de los cuales dos víctimas fueron menores de edad.
Al menos cinco líderes sociales han sido secuestrados y diez más fueron
asesinados”.
El informe revelado durante esta semana evidencia que los
habitantes de la zona han sido víctimas de 460 actos violentos, de los cuales
233 han sido cometidos por paramilitares, 164 por miembros de la Policía
Nacional, 53 por parte del Ejército y 10 más por miembros del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía.
El estudio también mostró que el método de intimidación más
usado fue la amenaza, dejando 202 afectaciones, en su mayoría cometidas por
grupos paramilitares. Igualmente, el análisis confirmó que al menos 90
detenciones arbitrarias también hicieron parte de la vulneración de los
derechos humanos, siendo la Policía Nacional actor en 74 acciones. Otro detalle
que llama la atención en el documento es que se reportan ejecuciones
extrajudiciales con 69 casos.
“Lo peor de todo esto es la invisibilidad, nadie responde,
hay una guerra de comunicados en donde todo el mundo se lava las manos, nadie
asume responsabilidades con lo que está ocurriendo en el territorio, y la
respuesta que da el nuevo Gobierno es trasladar una nueva Fuerza de Tarea
Rápida que se suma a los 12.000 hombres que hay en la zona y 4000 policías”,
dice Cañizales.
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Pasado y presente de
violencia
En las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado
comenzó el asentamiento de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl. A
finales de siglo, llegaron los paramilitares y la violencia se recrudeció toda
vez que las masacres empezaron a abrirse paso en la zona.
De las autodefensas se identificaron tres estructuras: el
Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Frente Resistencia Motilona y el Bloque
Catatumbo, cuyos hombres cometieron asesinatos selectivos, desapariciones
forzadas, torturas, detenciones y desplazamiento.
Por el lado guerrillero, la primera gran acción que se tiene
documentada es la toma a Convención, el 31 de enero de 1979 por parte de unos
60 hombres del Eln.
Desde entonces, los más graves delitos en contra de la
población se han cometido. Las cifras más recientes dan cuenta que entre enero
y junio de 2018 se registraron más de un centenar de “tipologías
victimizantes”, que afectaron a 89 personas por actos cometidos por los
diferentes actores armados.
“La acción de la guerrilla del Eln domina el registro de
casos en el periodo de análisis en la subregión de El Catatumbo, los combates,
los ametrallamientos, el ataque a objetivos militares llenan el registro, en
conjunto con otras acciones, el secuestro, victimización de la que también aparece
como presunto responsable el Epl con otros casos de homicidio intencional en
persona protegida”, precisa el informe.
Cañizales aseguró que además de las estructuras que se
enfrentan en esa región del país, el frente 33 de las disidencias de las Farc
en diciembre pasado anunció que se rearmaría, no solo para continuar con el
negocio del narcotráfico sino también para ocupar los espacios que dejaron las
extintas Farc.
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Responden las
autoridades
Por su parte, el general Mauricio Moreno, comandante de la
Segunda División del Ejército, aseguró que en el marco de la operación Esparta
(en conjunto con la Policía) se traza la estrategia y las acciones para evitar
el secuestro, la extorsión y el desplazamiento en esa zona.
El oficial aseguró que están atacando los grupos al margen
de la ley que amedrentan a la población por lo que aseguró que en lo corrido
del año se han registrado más de 90 capturas a miembros del Eln y más de 20 a
los que hacen parte de ‘Los Pelusos’.
En relación a los señalamientos que realizaron no solo
Cañizales sino también habitantes de la zona, sobre la posible corrupción y
extorsión que se puede generar en esa zona del país en cuanto al contrabando,
el general aseguró que “nosotros estamos abiertos a recibir cualquier denuncia
de hechos de corrupción. Hoy tenemos procesos abiertos contra miembros de
Ejército y miembros de Policía que han tenido algún tipo de debilidad de
transparencia en su actuar”.
Por último, catalogó como un “reto” las manifestaciones de
los grupos insurgentes por lo que aseguró que hay que “saber atenderlo porque
se mezclan con la población civil. Lo ideal es que logremos tener cada vez más
el dominio del territorio”. // TOMADO DE EL COLOMBIANO
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