Camino a una ley integral para un delito de lesa humanidad
En su página web, la
embajada de Estados Unidos señaló que el gobierno uruguayo “no cumple
totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”
y junto a otras organizaciones sostienen que Uruguay es un país de origen,
tránsito y destino para las víctimas de trabajo forzoso y trata con fines de
explotación sexual. No obstante, reconocen que ha descendido la cantidad de
mujeres explotadas en el exterior pero se registran dominicanas y en menor
medida provenientes de otras naciones suramericanas, que son sometidas
sexualmente en el país.
A esto se suman los extranjeros obligados a cumplir tareas
en el servicio doméstico, agricultura, procesamiento de la madera o construcción,
bajo apremios físicos y verbales que se encuentran en tránsito y de camino
hacia otros destinos.
A pesar del aumento de los procesamientos y asistencia a las
víctimas, resta una protocolización, visibilización comunitaria y adecuación
presupuestaria, para cercar aún más este flagelo que no aparece claro en
Uruguay, donde es legal el ejercicio de la prostitución y a veces suele
confundirse.
En tal sentido, la comisión especial para el análisis de la
problemática –creada en el Parlamento-- comenzó a analizar un anteproyecto de
ley para la prevención y combate de la trata de personas. En todo caso, se hace
imprescindible su definición y explicación para que adquiera una mayor
percepción en la ciudadanía.
De hecho, las organizaciones sociales que trabajan en el
tema definen las tres etapas en que se desarrolla la trata y explotación, con
la captación a través de una promesa de mejoras de índole personal, la segunda
se define con el traslado, y la tercera cuando llega al sitio de destino y la
víctima no encuentra las condiciones prometidas.
El análisis a nivel parlamentario, recién ubica al país en
el camino trazado en línea con el Protocolo contra la Trata de Personas, que la
ONU definió en el año 2000, con miras a la penalización de las redes fuertemente
afincadas en el continente a través de condenas severas y un incremento en la
capacitación de los distintos actores de una cadena que se activará en función
de un servicio estandarizado, que efectuará las derivaciones en tiempo y forma.
Las estadísticas --en estos casos-- plasmarán los esfuerzos
por identificar a víctimas y victimarios, reducirán las demandas y expondrán el
tema en la opinión pública, al tiempo que la comisión parlamentaria se abocará
a la creación de nuevas normas, donde especificará que se prohíbe la totalidad
de las formas de trata.
Los organismos pertinentes se enfocan en la
desnaturalización de un fenómeno que se registra con mayor frecuencia en las
zonas fronterizas, bajo un comportamiento social tendiente a la culpabilización
de las víctimas, que –en definitiva-- resta responsabilidad a los mayores
abusadores y a las redes de tráfico, ya instaladas en el país. El director
general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, aseguró que unos 600
efectivos cuentan con la capacitación necesaria para enfrentar en forma precoz
el problema que se ha distribuido en un país pequeño, pero concentrado en
determinadas áreas.
Hoy, los datos sobre la mesa son corrientes y ya no provocan
la alarma que generó “El huevo de la serpiente”, escrito por la periodista
María Urruzola en 1992, cuya investigación desnudó una extensa operación con
redes que involucraban a “peces gordos” e información que alertaba de una
problemática que en Uruguay parecía que pasaba por el costado y sin mayores
afectaciones.
Después supimos que con la trata de personas se vincula a la
explotación sexual, a trabajos forzosos y hasta la venta de órganos que, si
bien no se ha detectado en Uruguay, se confirma en otros países. Por eso es
necesaria una ley integral que permita detectar las debilidades de un sistema
acostumbrado a impartir justicia basada en otras definiciones, cuyas
penalizaciones resultan más laxas, en función de este delito. El ministerio del
Interior cuenta en su plan de acción hacia el 2020 con una adecuación de sus
protocolos de investigación criminal, y en uno de sus capítulos se refiere a
las víctimas de trata.
Paralelamente, el delito de explotación sexual de menores
comienza a correr su telón y demuestra que uno de cada cuatro tiene menos de 12
años. Las situaciones de vulnerabilidad llevan a que el 58% de los casos se
desempeñen diariamente o semanalmente en cualquier lugar, a cambio de ropa o
una recarga del celular porque su cuerpo es lo único que tienen para ofrecer.
Esta realidad involucra a unos 650 niños, según datos de Gurises Unidos y el
Instituto de Estadística de la Universidad de la República. En su mayoría son
mujeres y de acuerdo a la edad descripta anteriormente, se habla de un problema
de género y generaciones porque habrá un adulto detrás que fomenta el abuso o
simplemente mira para otro lado. Por eso, en estos casos particularmente no se
refiere a grandes redes sino a cualquiera que se aproveche de su situación de
vulnerabilidad.
Las ONG han generado un gran movimiento desde hace años para
posicionar estos asuntos como las grandes debilidades de un sistema que se ha
vuelto perverso y en ocasiones actúa como un “tratante” más, ante la violencia
institucional que opera con una revictimización de los afectados. No obstante,
se deberá reconocer que la actuación sobre estas problemáticas afectará a
fuertes intereses, y allí se requerirá de una mayor fortaleza institucional y
compromisos de acciones con mayor músculo político para detener el agravamiento
del problema, en un país con un régimen de fronteras muy abiertas. Asimismo, la
unificación de criterios y una atención igualitaria de las víctimas residentes
en el interior del país, permitirá obtener una correcta mirada de equidad para
un delito que –también-- es de lesa humanidad. TOMADO DE EL TELEGRAFO DE UY
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