Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas
cercanas al Gobierno
Hugo Alconada Mon
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Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho
vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de
ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y
dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia
del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le
pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con
las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también
verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los
defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la
organización". La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe
de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de
los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta,
donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos,
lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación,
que se celebró el 8 de marzo pasado. Durante esa mediación, Braun Peña les
reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y
Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando
él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios
más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más
desconocidos". A continuación, siempre según el relato que Greenpeace
elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la
entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y
dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a
ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría
añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país.
Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el
país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con
el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el
estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados",
que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de
la Presidencia, Pablo Clusellas. En las cartas documento que intercambió con
Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él
respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren
impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la
Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las
normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la
materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los
activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos
vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título
personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió
informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el
secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para
luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las
medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó
públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el
cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica",
denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas
amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes
sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional
por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes
"una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier
situación similar a la vivida con anterioridad". Por: Hugo Alconada Mon /
TOMADO DE LA NACION DE AR
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