La ONU ratificó que la legalización de la marihuana viola la
norma internacional
Resaltó el peligro del uso recreativo de cannabis, aunque
pidió no castigar con penas de prisión la
Daniel Gallo
Una muestra de la situación argentina: el reciente decomiso
de 7000 kilos de marihuana. Foto: Archivo
La ONU cerró el debate sobre la legalización de la
marihuana. En su informe anual advirtió que cualquier intento de permitir el
uso recreativo del cannabis vulnera las convenciones sobre drogas. Recomendó, a
la vez, que la personas detenidas con estupefacientes para consumo personal no
reciban penas de prisión -sí tratamientos- e hizo un llamado concreto a frenar
el avance de la marihuana legal, con críticas a los que aprobaron leyes en ese
sentido, como Uruguay y algunos estados norteamericanos.
La situación de la Argentina fue analizada especialmente, ya
que fue uno de las 13 países visitados el año pasado por expertos de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). El documento mundial
consigna elogios a los cambios y medidas relativos a la lucha contra las drogas
implementados por la gestión de Mauricio Macri.
Incluso se destacó que "el Presidente de la República
Argentina, en su discurso inaugural, mencionó la lucha contra el problema de
las drogas como una de las tres prioridades centrales del Gobierno".
También hubo una referencia a que "se han dado casos de
fabricación de cocaína a nivel nacional". Con esa definición de la ONU,
otra polémica local quedó cerrada: la Argentina no es sólo país de paso para
las drogas.
Advertencias
La JIFE hizo foco este año en alertar sobre los
incumplimientos de pactos internacionales por parte de los estados que
permitieron legalizar el uso de la marihuana. "Esas legislaciones son
contrarias a los tratados internacionales", consignó el organismo que se
monitorea la situación mundial del narcotráfico y del consumo de drogas.
Y se alertó: "Las tasas de uso indebido [de drogas]
pueden aumentar, especialmente entre los jóvenes, porque las medidas de
legalización pueden influir en la manera de percibir los daños, en el sentido
de que menos personas considerarán que el cannabis es perjudicial, lo que pone
en relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención más eficaces".
En el informe se indicó que el uso medicinal de la marihuana
puede estar dentro de lo aceptado por las convenciones de la ONU sobre drogas,
pero que cada Estado debe regular muy bien esa situación para evitar desvíos
hacia otros fines. "En los últimos años, los Estados han informado del
aumento considerable de los niveles de THC en el cannabis incautado y del
consecuente aumento de las reacciones adversas, como lo demuestra el incremento
de los ingresos en salas de emergencias de los hospitales", se afirmó.
Impacto local
La posición de la ONU contraria a legalizar la marihuana
tendrá, seguramente, impacto en la discusión legislativa local. El Congreso se
prepara este año para debatir la reforma a la ley de drogas, con algunos
proyectos que buscan avanzar en el autocultivo de marihuana. Esa idea choca con
la postura internacional. Sí recomendó la ONU al Gobierno que adapte la
normativa al fallo de la Corte Suprema que, en 2009, declaró la
inconstitucionalidad de castigar con penas de prisión la tenencia de drogas
para consumo personal.
"Los Estados no tienen obligación de adoptar respuestas
punitivas en el caso de los delitos leves relacionados con las drogas. Los
tratados prevén medidas sustitutivas de la condena o el castigo", se
detalló en el informe anual.
El 26 de enero pasado la canciller Susana Malcorra recibió
una nota de la JIFE como respuesta a la evaluación realizada en la Argentina.
En el séptimo punto de las recomendaciones en esa carta figura la necesidad de
adaptar la ley al "fallo Arriola". Esa fue una de las propuestas de
la misión de la JIFE. En tres años, el organismo evaluará los pasos dados por
la Argentina ante a sus recomendaciones.
Por el momento, el documento reflejó un positivo cambio de
actitud: "En diciembre de 2015, el Gobierno de la Argentina reconoció los
graves retos que enfrentaba en la lucha contra la droga y definió un nuevo
enfoque para abordarlo".
Y se señaló: "La Junta observó que la Argentina había
logrado mejoras en la vigilancia de la importación, la exportación y la
fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Los
elogios de la JIFE al actual gobierno argentino habían sido reflejados en esa
nota recibida por Malcorra.
De todas maneras, el informe anual no dejó de exhibir
algunas situaciones en las que la Argentina aún debe trabajar. "En los
últimos años, la Argentina ha sido un país de tránsito para la cocaína
producida en la región andina, aunque también se han dado casos de fabricación
nacional de cocaína".
Se hizo referencia, además, a que nueve de cada diez mujeres
encarceladas por drogas son "mulas", y se pidió consideración
especial para sus casos. También se reflejó el crecimiento del mercado local de
consumo y recordó que, como publicó LA NACION, los estudiantes argentinos
tienen la mayor tasa de consumo de cocaína en América latina.
Una carta con recomendaciones internacionales
Más allá del informe anual sobre drogas, la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) envió el 26 de enero
pasado una carta a la canciller Susana Malcorra. Ese organismo de la ONU visitó
la Argentina en 2016 y emitió una serie de recomendaciones que fueron
consignadas en ese mensaje oficial. Se pidió el cambio en la ley de drogas para
adaptarla al "fallo Arriola" y no castigar con prisión la tenencia de
drogas para consumo personal. Se reconoció el esfuerzo para combatir el tráfico
de drogas, pero se solicitó coordinar las bases de datos y mejorar el
intercambio de información entre los participantes en la represión del
narcotráfico. Y se calificó como encomiable la labor de la Sedronar. tomado de
la nación de ar
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